Cámaras de videovigilancia en las calles

         En los últimos tiempos estamos asistiendo a un incremento espectacular de la delincuencia en nuestras calles. Los medios de comunicación han puesto el foco en determinadas comarcas, en las que se problema ha cobrado especial gravedad, dando origen a fuertes protestas de sus habitantes.

         Pero, no es menos grave en nuestra ciudad, donde se suceden los robos en el interior de las viviendas y en los vehículos, así como la ocupación de edificios abandonados. La preocupación es grande y el miedo ha hecho acto de presencia pues, en algunos casos, estas acciones se han llevado a cabo con los propietarios en su interior.

 

         Para paliar ese problema, algunos municipios han recurrido a la instalación de cámaras de videovigilancia en sus calles. En estos momentos las tienen instaladas La Almunia de Doña Godina, Ejea de los Caballeros, Gallur, Ricla y Tarazona, por citar sólo a los municipios más próximos a nosotros, de los 39 que, en la provincia de Zaragoza, cuentan ya con esos dispositivos.

 

         Además, han solicitado autorización para instalarlos Borja y Novillas, entre otros 31 municipios. La solicitud de Borja se remonta ya a varios meses atrás, cuando fue presentada ante la Delegación de Gobierno, y está a la espera de lo que decida la Comisión de Garantías de la Videovigilancia en Aragón, aunque parece ser que las cámaras ya fueron adquiridas. Nos ha sorprendido el caso de Mallén, pues aparece tanto entre las localidades con cámaras como en la relación de las que las han solicitado, que estos días han difundido los medios de comunicación.

 

         No creemos que las cámaras sean la solución definitiva, pero es indudable que pueden ejercer un efecto disuasorio, que habrá que comprobar estadísticamente. Pero, como puso de manifiesto el último pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, los medios de los que dispone la Guardia Civil son escasos (al parecer hay 218 agentes menos de los que tendría que haber en la provincia) y la actuación de ese Instituto Armado resulta imprescindible para frenar la delincuencia que, por otra parte, se beneficia de una legislación demasiado laxa, incluso con los reincidentes habituales.