En repetidas ocasiones venimos
insistiendo en el problema que representan las pintadas en cualquier lugar,
pero especialmente en los cascos históricos. Recientemente (el 2 de abril de este
año) dimos cuenta de la importante sentencia del Tribunal Supremo por la que se
condenaba al autor de una pintada en un monumento madrileño a cinco meses de
cárcel y al pago de los trabajos de restauración. La jurisprudencia que crea
tiene una especial incidencia en casos como el de Borja donde, por ser su casco
histórico BIC, las pintadas se convierten en delitos.
Estos últimos días han aparecido un buen número de pintadas realizadas por una persona que, en su osadía, ha llegado ha dejar su firma en la escalera de acceso a la Casa Consistorial.
Su deleznable proceder ha afectado a
muros recientemente pintados, como el situado junto a la Casa de las Conchas, a
muchos lugares de Borja, tanto sobre piedra, como ladrillo, revoco o metal,
llegando a pintar incluso en pavimento de la calle de San Francisco.
Estamos ante una cuestión grave que
impresionó a quien, durante el pasado fin de semana al destacado arquitecto que
nos visitó. Ante ello ya no cabe el volver la vista hacia otro lado. Hay que
identificar al autor e interponer la correspondiente denuncia. Y en su identificación
deben participar, si es necesario, la Guardia Civil. Ante un caso similar, en
Calatayud lo hizo la Policía Nacional (allí hay comisaría). La denuncia la
puede interponer cualquier persona, como ya pretendían hacerlo este fin de
semana, aunque parece más lógico esperar a la actuación de las autoridades municipales.
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