Los precedentes del Documento Nacional de Identidad

         En 1944 era implantado en España el Documento Nacional de Identidad, cuyo nº 1 fue adjudicado al Jefe del Estado, como se aprecia en esta imagen ampliamente difundida en la red, aunque no corresponde al primer modelo del DNI, dado que la puesta en marcha de este sistema de identificación de todos los españoles, que incluía sus huellas digitales, tardó varios años en desarrollarse.

         El primer modelo, según la página de la que hemos tomado estos datos era éste y se comenzó a distribuir en 1951, con características muy similares al reproducido anteriormente, aunque con una diferencia significativa.

         En él no se hacía constar el estado civil del titular, como figuraría en todos los modelos que se fueron sucediendo, con posterioridad, hasta que en 1985 dejó de ser obligatorio, al igual que la profesión y el grupo sanguíneo. En este último caso, por los problemas que podían derivarse de una anotación errónea.

         Pero lo que hoy queremos comentar, a partir de los documentos encontrados en el archivo de la familia Zapata son los precedentes de ese DNI que ya se intentó implantar, con fines identificatorios, poco antes de la proclamación de la II República.

         Fue, por Ley de 15 de febrero de 1854, cuando se crearon las “Cédulas de vecindad” que, en realidad, tenían una finalidad recaudatoria, aunque muy limitada dado su reducido importe, aunque tenían que renovarse todos los años.

         La que reproducimos lleva fecha de 1 de abril de 1855, por lo que, sin ningún género de dudas, fue la primera expedida a nombre de su titular, en aquel momento “cabeza de familia” al ser viuda.

         Las había también para quienes no eran cabezas de familia, aunque en este caso no era preciso abonar cantidad alguna. Todas ellas se adquirían en blanco y eran cumplimentadas por los alcaldes de cada localidad, en este caso Mallén.

         Las cédulas de vecindad tuvieron numerosos detractores, entre ellos los partidarios del establecimiento de un impuesto sobre la renta más eficaz. La I República las suprimió en 1873, pero al año siguiente, durante la regencia del general Serrano, fueron restablecidas, aunque con la nueva denominación de “Cédula personal” que subsistió hasta la entrada en vigor del DNI.

         La imagen que reproducimos corresponde, por lo tanto, a la primera cédula, ya que lleva fecha de agosto de 1874.

         En el dorso de la misma se reseñan los datos más relevantes sobre su implantación. El hecho de que estuvieran excluidos de obtenerla los “pobres de solemnidad”, las religiosas de clausura o los presos, viene a demostrar que su fin, como hemos puesto de manifiesto anteriormente, no era tanto el de servir de identificación, sino recaudatorio.

         Sin embargo, como se explicita en el punto 12, era obligatoria su presentación para efectuar diversos trámites administrativos y también para viajar, sustituyendo en este caso a los antiguos pasaportes, sobre los que nos referiremos en otro artículo.