Tal día como hoy, 20 de abril, de 1461 el rey Juan II otorgó a Borja un importante privilegio: la concesión de todos los patios, vagos, calles, carreras, muros, torres y molinos que, hasta ese momento, eran de la Corona.
A partir de ese momento, las fortificaciones de la ciudad,
murallas y torres, pasaron a ser propiedad de la corporación municipal, razón por
la cual nunca han figurado en la relación de bienes del Estado, sin que hasta
fechas muy recientes haya sido puesta en duda la titularidad de las mismas,
posiblemente por ignorancia.
Datadas en época califal (la obra de sillares), se conservan
varios torreones englobados en las edificaciones del Cinto que, en realidad fue
una alcazaba que rodeaba al gran peñón que conocemos como “castillo”. Está
documentado que fueron mandadas construir por Abderramán III, tras una
expedición de castigo contra los levantiscos miembros de la familia banu Qasi,
y constituyen un testimonio importante de esa época.
Las murallas han sido objeto de dos
declaraciones. La primera de ellas por un Decreto de 23 de octubre de 2001
cuando fueron incluidas dentro del perímetro del yacimiento de “Bursau”,
declarado “Bien de Interés Cultural” como “zona arqueológica”. La segunda por
Decreto de 17 de abril de 2006 por el que se declaró el castillo de Borja como
“Bien de Interés Cultural”, también en la categoría de “zona arqueológica”. A
pesar de ello, nada ha impedido su progresivo deterioro y el derrumbamiento
parcial de uno de sus torreones. Ni tan siquiera disponemos de un estudio minucioso
sobre su trazado, salvo el informe que, en su día, elaboró el Dr. D. Isidro Aguilera
Aragón, para propiciar la realización de excavaciones y asumir la conservación
de tan importante elemento patrimonial.
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