Con el número 101 de la colección “Fuentes Históricas Aragonesas” nos ha llegado la obra El manuscrito 290 del Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, en dos tomos, con un total de cerca de 1.000 páginas. Un trabajo ingente del que autora Amparo París Marqués.
La autora, que es Diplomada en
Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Zaragoza, cuenta con una
dilatada trayectoria como investigadora independiente y una buena parte de sus
trabajos han sido publicados por la Institución “Fernando el Católico”.
La presente obra, precedida por un estudio
introductorio, aborda la transcripción de un documento, encuadernado en pergamino
que, procedente del Archivo de la Diputación del Reino, se conserva en la
Diputación Provincial de Zaragoza, donde ha sido recientemente restaurado.
El texto es formado por las regestas de
los documentos que se incluían en los libros Registros de Actos Comunes de la citada
Diputación del Reino de Aragón. En esos libros registro se reseñaban todos los
documentos generados en el transcurso de cada año.
El manuscrito objeto del estudio fue
elaborado en el siglo XVII, a manera de índice del contenido de esos registros
correspondientes a los años entre 1469 y 1601, aunque faltan algunos años.
Pero, a pesar de ser una especie de
índice, ofrece muchos datos, aunque al no haber incorporado índices onomásticos
o, al menos, toponímicos la consulta de ambos volúmenes es muy complicada y
laboriosa.
No obstante, buscando datos de nuestra zona
hemos encontrado que, a consecuencia de la peste, la Diputación se estableció
en Borja, en 1523, de donde pasó a Tarazona y, poco después a Magallón, continuando
su periplo, en años posteriores, por otras localidades aragonesas.
En 1475, unas “malas gentes” habían ocupado
la peña de “Las Ferreras” en la cual “obran un castillo” y fue enviado un “condiputado”
para que les ordenara abandonar el lugar y prenderlos si se resistían. Esa misma
persona, Ximeno Gordo, fue encargado de mediar en las dificultades que
enfrentaban a Bora con el señor de Bureta.
Para evitar una nueva ocupación del
castillo de Herrera fue nombrado alcaide, dando traslado al rey.
En 1477, los diputados piden a la “princesa
de Navarra” que, “durante la aprehensión del lugar de Agón, los de Tudela no
hagan daños a los vecinos de ese lugar”. En
1481 envían a Borja al diputado Martín de Lanuza en busca del mercader de
Pamplona Pedro de Molina y su hijo que habían sido apresados por D. Dionisio
Coscón.
En 1489 el obispo de Tarazona decretó
excomunión para los que hablen con los “moros de Borja”. Los diputados piden
que sean exceptuados “los ministros del General”. Ese mismo año le ordenan al
Justicia de Mallén que le devuelva las armas a “las guardas del General”,
porque “las tienen guiadas”. Lo mismo se pide, en 1511 al justicia de Gallur,
diciéndole que el llevar armas dichos guardas “es la cosa más privilegiada que
en este reino tenemos”.
En 1520 se convoca al abad de Veruela fray
Pedro de Embún para que acuda a Zaragoza para recibir al virrey. Lo mismo se
hace con el señor de Luceni, el vizconde de Ebol y la ciudad de Borja.
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