Hubo un tiempo lejano en el que los ciudadanos españoles podían elevar al Congreso de los Diputados sus quejas y peticiones, con la esperanza de que fueran atendidas. Lo que ahora resulta inconcebible entonces era habitual. Así ocurrió en 1839, cuando las religiosas del convento de Santa Clara de Borja expusieron la dramática situación en la que se encontraban.
Entonces el Congreso no disponía de las
instalaciones que ahora tiene, dado que el Palacio de las Cortes fue construido
entre 1843 y 1850 en el solar que ocupaba la antigua Iglesia del Espíritu
Santo, donde se reunía inicialmente. El grabado representa la apertura de la
legislatura de 1837 por S. M. la Reina Gobernadora Dª. María Cristina de
Borbón-Dos Sicilias y su hija la reina Isabel II, menor de edad.
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Fue en la sesión del día 12 de octubre de
1839 cuando fue leída la petición que “la abadesa y comunidad de religiosas de
Santa Clara de la ciudad de Borja” habían elevado el 20 de septiembre de ese
mismo año, lo que pone de manifiesto la rapidez con la que fue tramitado el
escrito.
En él exponían la lamentable situación
en la que se encontraban, “próximas a perecer de indigencia”, después de haberlas
despojado el Gobierno de sus fincas, productos de sus dotes y economía. Además,
no se les entregaba con regularidad la pensión que el propio Gobierno les había
asignado, ya que sólo habían percibido algún trimestre. Cuando, apuradas hasta
el límite, habían recurrido al Intendente, la únicar respuesta que habían
recibido era “la durísima y fatal” de que “No hay fondos”, pero, mientras tanto
el comisionado de amortización reunía las grandes rentas del convento, y las
remitía a la tesorería, viendo engranerar el trigo de sus tierras y ellas
precisadas a mendigar el pan; veían vender el aceite de su cosecha, y ellas “sin
poder sostener sino de limosna la lámpara que siempre deber arder ante el ara
sagrada”.
Por todo ello, pedían acogerse bajo el
amparo de la sabiduría y justicia el Congreso, para que dictara las oportunas
providencias con el fin de se las pusiera al corriente de sus pensiones y se las
continuara pagando con puntualidad.
A pesar de que la comisión consideró
como “muy digna de tomarse en consideración esta petición” y propuso su pase al
Ministro de Hacienda, tras la lectura de la misma se originó un interesante
debate que ha quedado reflejado en las actas de la sesión que fueron publicadas
en la Gazeta de Madrid, cuyas páginas reproducimos.
Intervino el Diputado por Toledo D.
Epifanio Esteban quien afirmó que su “débil voz poco podrá influir en beneficio
de esas infelices”, aunque quiso señalar las injusticias cometidas por las
leyes desamortizadoras.
También lo hicieron D. José Pérez de
Rivas, diputado por Huesca; D. Pedro Méndez Vigo García San Pedro, diputado por
Sevilla y D. Juan Álvares de Mendizabal, diputado por Murcia e impulsor de las
citadas leyes. Cada uno, en función de su adscripción ideológica apoyó o matizó
lo que sucedía en Borja. El argumento esgrimido por los opositores era que el
compromiso del Gobierno era circunscribir las pensiones a la compensación por
las dotes y, en la mayoría de los conventos, había muchas más religiosas sin
dote que con dote (no se mencionó el caso concreto de Borja). En consecuencia,
estimaba que si las que no tenían dote habían vivido hasta entonces de la
caridad pública, lo siguieran haciendo.
Por su parte, el Ministro de Hacienda
que lo era D. José San Millán Coronel adujo, respecto a los retrasos (que
reconoció) a las prioridades que había tenido que establecer su departamento
para los fondos disponibles y la principal era hacer frente a los cuantiosos
gastos que ocasionaba la guerra contra los carlistas.
Lo interesante de todo ello es el
constatar la difícil situación del convento borjano en aquellos momentos y su decisión
de ponerla en conocimiento del Congreso de los Diputados. Lo que no sabemos es
si ello contribuyó a agilizar el pago de lo que se les adeudaba.
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